El 4 de mayo de 1814, el rey Fernando VII firmó el Manifiesto de Valencia, un decreto que derogaba la Constitución de 1812 y restauraba el absolutismo en España. Este acto, conocido como el "Golpe de Estado de mayo", marcó un punto de inflexión en la historia española, tras seis años de lucha por la independencia contra la invasión francesa y el establecimiento de un sistema liberal.
Tras la Guerra de la Independencia, España se encontraba en una situación de inestabilidad política y social. Las Cortes de Cádiz, reunidas en la ciudad gaditana durante la contienda, habían promulgado la Constitución de 1812, un texto que establecía una monarquía constitucional con división de poderes y derechos individuales. Sin embargo, Fernando VII, que había regresado del exilio en Francia, no estaba dispuesto a aceptar este nuevo sistema y buscaba restaurar su poder absoluto.
El Manifiesto de Valencia fue firmado por Fernando VII en Valencia, donde se encontraba de camino a Madrid. En él, el rey argumentaba que la Constitución de 1812 había sido elaborada por unas Cortes ilegítimas y sin representación del pueblo español. Además, acusaba a los diputados de haberle despojado de su soberanía y de haber causado "turbación y desasosiego" en el país.
El Golpe de Estado de mayo tuvo como consecuencia la restauración del absolutismo en España. La Constitución de 1812 fue anulada y se inició un período de represión contra los liberales. Muchos de los diputados que habían participado en las Cortes de Cádiz fueron perseguidos, encarcelados o exiliados.
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El Manifiesto de Valencia y el Golpe de Estado de mayo han sido objeto de debate por parte de los historiadores. Algunos consideran que se trató de un acto necesario para restaurar el orden y la estabilidad en el país, mientras que otros lo califican como un golpe de estado ilegítimo que acabó con las esperanzas de libertad e instauró un régimen represivo.
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