El 14 de mayo de 1939, con la tinta de la Guerra Civil aún fresca, el subsecretario de Industria y Comercio firmó una orden ministerial que, bajo la apariencia de proteger el abastecimiento de la población y evitar el acaparamiento de mercancías, instauraba un sistema de racionamiento que se convertiría en una de las más crueles ironías de la posguerra española.
El sistema, que en teoría debía garantizar la distribución equitativa de alimentos, se convirtió en un mecanismo de control y opresión. Las cantidades prescritas, basadas en una supuesta referencia al hombre adulto, eran en realidad insuficientes para mantener una nutrición adecuada. Las mujeres adultas y los ancianos varones recibían solo el 80% de la ración, y los niños menores de catorce años y las ancianas, apenas el 60%.
En abril de 1941, las cartillas de racionamiento familiares fueron sustituidas por las individuales, lo que agravó aún más la situación. Durante la posguerra, los mercados “blancos” de alimentos apenas tenían qué racionar. Y cuando había algo, las cantidades semanales eran escasas y muy “caras”. Por ejemplo, un cuarto de aceite costaba una tira completa de cupones, a 1,05 pesetas la ración. En este caso, lo caro no era el dinero, sino la “tira completa”.
El BOE publicaba las cantidades de pan, carne, patatas y café que se podían consumir, pero no informaba en la orden ministerial que apenas había pan, carne, patatas y café. En la década de 1940, las enfermedades producto de la desnutrición se dispararon y el mercado negro funcionó mejor que el blanco.
Un primer paso antes del fin de los racionamientos se dio el 22 de febrero de 1952, cuando la Presidencia decretó el traspaso al Instituto Nacional de Estadística (INE) de los ficheros locales y provinciales y de los mapas de abastecimientos sobre racionamientos. Un mes después, mediante un anuncio del Consejo de Ministros del 21 de marzo de 1952, quedó suprimido el racionamiento del pan a partir del 1 de abril. El 1 de junio, traspasadas las competencias, se daba por finalizado definitivamente el sistema de racionamiento.
La cartilla de racionamiento, a partir del 1 de junio de 1952, “subsistirá con el carácter de documento oficial y público hasta que el INE ordene su renovación o canje por el documento correspondiente” (el DNI). Así concluía una era de escasez y penurias, un capítulo oscuro en la historia de España que, sin embargo, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva del país.
El sistema de racionamiento fue una estrategia de control y opresión disfrazada de medida de protección. Las cantidades insuficientes, los precios exorbitantes y la falta de transparencia en la información oficial contribuyeron a una crisis de desnutrición y a la proliferación del mercado negro. A pesar de su abolición en 1952, las secuelas de este sistema aún se pueden sentir en la memoria colectiva de España.
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