Ah, la España de la Transición, ¡qué época tan aburrida y monótona! Imagínense, un país entero debatiendo sobre algo tan trivial como el divorcio. ¿Quién hubiera pensado que decidir sobre la felicidad o infelicidad perpetua de las parejas podría ser un tema de interés?
Por un lado, teníamos a los conservadores y la Iglesia Católica, firmes defensores del "hasta que la muerte nos separe", porque claramente, no hay nada más cristiano que obligar a dos personas a odiarse mutuamente por toda la eternidad. Por otro lado, los progresistas y la izquierda, con su loca idea de que la gente debería tener el derecho a decidir sobre sus propias vidas. ¡Qué locura!
El gobierno de Adolfo Suárez, en un alarde de valentía, decidió abordar el tema de la manera más emocionante posible: ¡reformando el Código Civil! Nada dice "revolución social" como un buen papeleo burocrático, ¿verdad?
La Conferencia Episcopal, siempre tan discreta y respetuosa con la separación Iglesia-Estado, decidió dar su opinión no solicitada sobre el asunto. Porque, ¿quién mejor para opinar sobre los problemas matrimoniales que un grupo de hombres célibes?
Finalmente, tras un debate parlamentario que seguramente mantuvo a toda España en vilo (o dormida, quién sabe), la ley se aprobó en 1981. ¡Aleluya! Por fin, los españoles podían disfrutar de la emocionante libertad de divorciarse, siempre y cuando cumplieran con una serie de requisitos burocráticos, por supuesto. Porque no hay nada más liberador que rellenar formularios en triplicado.
En resumen, la Ley de Divorcio de 1981 fue un hito histórico que transformó completamente la sociedad española. Ahora, en lugar de sufrir en silencio en matrimonios infelices, los españoles podían sufrir públicamente en largos y costosos procesos de divorcio. ¡Viva el progreso!
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